Profesionales de esos rubros integrarán la Junta Técnica de Clasificación del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), la encargada de «clasificar» al expresidente, Martín Vizcarra. De ella depende si Vizcarra pasará los cinco meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo o si será trasladado a otra prisión.

Origen de la polémica

El 14 de agosto, el INPE —específicamente la Junta Técnica de Clasificación del Establecimiento Transitorio de Lima— clasificó a Vizcarra para ser enviado a Barbadillo en respuesta a «la orden judicial en su contra por las presuntas coimas cuando era gobernador de Moquegua«, explica El Comercio.

Sin embargo, al día siguiente, Roy De la Torre Sucñie, director regional de la Oficina Regional Lima del INPE, anuló la decisión al firmar la Resolución Directoral N°398-2025. Allí se lee que la Junta puntuó el caso con 10 puntos y que, por lo tanto, Vizcarra «debería ser ubicado en el EP Lurigancho».

Y allí viene el problema: El Comercio apunta a que la resolución «es confusa y contradictoria en sí misma», al punto de que la opción de Barbadillo no figura entre las posibilidades.

Tampoco se ha tomado en consideración «la situación del interno» como parte de las excepciones, y cómo ello puede afectar su seguridad.

Iván Paredes, jefe del INPE, no dio claridad al asunto. A RPP, dijo: «Y hay un puntaje, y hay tres tipos de régimen cerrado ordinario. De 4 a 7, se va a Ancón II; de 8 a 11, se va a Lurigancho; de 12 a 13, a Castro Castro. Según el puntaje que le pusieron a Martín Vizcarra, es diez, por lo tanto, según esta resolución, que es la que está vigente, debería ir —no estoy diciendo que va—, debería ir a Lurigancho».

¿Quiénes tomarán la decisión?

La junta clasificatoria que se acaba de conformar está integrada por el abogado Rolando Huilca Arbieto, la psicóloga Mónica Evaristo Puño y la trabajadora social Elena Ríos Saeñz.