La presidenta del Perú, Dina Boluarte, promulgó una ley que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y comités de autodefensa por actos cometidos en el contexto de la lucha contra el terrorismo entre 1980 y 2000.
Esto funcionaría igual que cuando las municipalidades ofrecen amnistías tributarias, solo que esta podría beneficiar a policías y militares condenados o investigados por asesinato. No sería gratuito que Juan Rivera Lazo, el ya excarcelado exmiembro del Grupo Colina -destacamento recordado por sus ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas-, estuviera presente en la firma de la ley.
«Muchos de estos hombres y mujeres entregaron su vida en defensa de la paz que hoy gozamos. Otros sobrevivieron, pero cargaron durante años con el peso de juicios interminables, de acusaciones injustas, de un dolor que no solo alcanzó a ellos, sino también a sus familias», se excusó la presidenta Boluarte.
De allí que la ley genere controversia, no solo por incluir a aquellos con sentencias firmes, sino por desafiar de manera directa sentencias previas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que establecen la prohibición de amnistías por crímenes de lesa humanidad.
Puntos clave de la ley
La norma establece que cualquier sentencia o investigación por delitos cometidos por militares y policías en el periodo del conflicto armado interno queda sin efecto. La justificación de la ley es «cerrar heridas» y reconocer el sacrificio de las fuerzas del orden, aunque su alcance ha generado gran alarma al pasar por alto el principio de justicia para los crímenes más graves.
Críticas y desobediencia a la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos han manifestado su preocupación, argumentando que la ley podría significar la impunidad para crímenes de lesa humanidad y vulnerar el derecho a la verdad y la justicia.
De manera más contundente, la promulgación de la ley se interpreta como un acto de desobediencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en casos emblemáticos como Barrios Altos y La Cantuta, estableció de forma explícita que las amnistías de este tipo son contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Quiénes serían los beneficiados
Según la BBC, uno de los posibles beneficiados sería José Valdivia Dueñas, quien, tal como apunta el medio, habría eludido «la acción de la justicia» a pesar de haber comandado «las fuerzas que en mayo de 1988 terminaron con la vida de 29 personas en Cayara, Ayacucho«.
También podrían ser amnistiados Telmo Hurtado, «exmilitar conocido como el ‘carnicero de los Andes’, condenado en 2016 a 23 años de cárcel por dirigir la matanza de Accomarca»; y Santiago Martín Rivas, exlíder del Grupo Colina.
Tania Pariona, de la Coordinadora de Derechos Humanos, señaló a la BBC que su organización tiene la «certeza de por lo menos 156 casos con sentencia firme y 600 en proceso que quedarían cancelados».
