Ya es el turno del Tribunal Constitucional. El máximo ente judicial del Perú debe dictar sentencia sobre la demanda de archivamiento definitivo que la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, interpuso en contra del proceso por lavado de activos —vinculados a «presuntos aportes ilícitos a sus campañas presidenciales»— que se sigue en su contra.

Dependerá de la alta corte si el caso Cocteles sigue su camino en el Poder Judicial o si este debe ser archivado o anulado sin necesidad de juicio.

Sentencia afectará a otros procesos

Según El Comercio, la demanda de Fujimori señala que se le quiere aplicar una ley de manera retroactiva. «Al momento de los hechos (2011 y 2016)», escribe el medio, «la modalidad o tipo de lavado que se le atribuye no se encontraba vigente (…) sino recién desde fines del 2016».

La fiscalía, por su parte, trae a colación la respuesta de la Corte Suprema ante «una demanda similar planteada por la defensa del expresidente Ollanta Humala y de Nadine Heredia«. Sobre ese caso, la alta corte «resolvió en instancia definitiva que los aportes de campaña sí podían constituir el delito de lavado, siempre que ello se demuestre con pruebas en juicio oral».

Además, José Domingo Pérez pidió rechazar la demanda porque «la supuesta modalidad de lavado de activos no vigente que alega la defensa no forma parte de la nueva acusación del caso, presentada en julio pasado por su despacho».

Los tribunos, luego de los alegatos que ambas partes presentaron ayer, cuestionaron a la fiscalía por no incluir «en su investigación a medios de comunicación y otras personas que recibieron pagos de las campañas fujimoristas». Asimismo, también cuestionaron a la defensa «respecto a los alcances de la casación de la Corte Suprema citada por la fiscalía en la audiencia».