«La historia demuestra que se escapaban los presos del Frontón y llegaban a La Punta. No queremos revivir ese escenario», declaró a Exitosa el alcalde de dicho distrito, Ramón Garay.

Quien anunció la decisión fue Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos. «La empresa privada comprometió 174 millones de dólares para la obra», sostuvo.

El objetivo, añadió Santiváñez, es crear un recinto que albergue a 2.000 internos de alta peligrosidad «con sentencias por delitos de extorsión, homicidio calificado, sicariato y otros».

El asunto es que, tal como lo recuerda El Comercio, «la propuesta ya ha sido declarada inviable por el mismo Instituto Nacional Penitenciario (INPE)» porque no es la primera iniciativa legislativa para reabrir el penal. Han propuesto lo mismo, agrega el medio, Alejandro Muñante, José Alberto Arriola, Alejandro Soto Reyes, Juan Carlos Lizarzaburu e Isabel Cortez.

«A través del Oficio N.° D000681-2023-INPE-PRE, del 20 de septiembre de 2023, el INPE advirtió que la isla no cuenta con servicios básicos» —anota El Comercio— «lo que implicaría enormes costos para instalar y operar servicios como agua, desagüe, energía eléctrica, red de telefonía, residuos sólidos, entre otros. Lo mismo sucedería con la accesibilidad y localización, vía marítima, del personal administrativo y logístico, de seguridad, defensa y otros».

Además, según el informe, el espacio de El Frontón es muy poco (tiene 5.400 m² cuando se necesitan 150.000 m²), por lo que solo podría albergar a 108 reclusos, explica El Comercio.

Aun así, ayer por la noche, el Consejo Nacional de Política Criminal (Conapoc) aprobó la construcción del penal.